Lisbeth PinerosZohran Mamdani cumplió sus primeros cien días como alcalde de Nueva York tras asumir el cargo el pasado 1 de enero. Durante este periodo, la gestión del funcionario de 34 años ha obtenido un 48 % de aprobación según datos del Instituto Marista de Opinión Pública, cifra que se sitúa por debajo del respaldo obtenido por su predecesor, Eric Adams, en el mismo lapso. Los primeros meses de su administración han coincidido con eventos como el traslado de Nicolás Maduro a una prisión en Brooklyn y la implementación de medidas ante tormentas invernales, labor que cuenta con la aceptación de un sector de la población.
En el ámbito migratorio, el alcalde ha reafirmado el estatus de Nueva York como ciudad santuario con el objetivo de limitar las operaciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta postura establece una contraposición a las políticas de la Casa Blanca en materia de control fronterizo y ejecución de leyes migratorias federales. Paralelamente, el ejecutivo local ha mostrado sintonía con el presidente Donald Trump en temas específicos de la agenda de estos primeros meses, mientras se mantienen las tensiones derivadas de las intervenciones de seguridad en la ciudad.
La política de vivienda ha sido un eje central de la gestión, mediante la revitalización de la Oficina de la Alcaldía para Proteger a los Inquilinos y la propuesta de congelar los precios de los alquileres. Mamdani ha iniciado audiencias públicas para denunciar fraudes y ha establecido una estrategia de multas para propietarios que cometan infracciones en sus inmuebles. Estas acciones forman parte de un plan orientado a desmercantilizar parcialmente la vivienda en la ciudad, contando con el apoyo de organizaciones de inquilinos que demandan una mayor regulación del sector inmobiliario.
Para financiar el sistema de cuidado infantil universal y otras medidas sociales, el alcalde propone un aumento de impuestos a los ciudadanos con mayores ingresos y a las grandes corporaciones. Esta iniciativa enfrenta oposición dentro del Concejo Municipal, donde se discuten los recargos fiscales necesarios para sostener el gasto público proyectado. La administración deberá resolver estas diferencias presupuestarias antes del 1 de julio, fecha límite para la aprobación de las cuentas municipales que determinarán el ejercicio fiscal de la ciudad de Nueva York.
