Lisbeth Pineros
El presidente Donald Trump planea establecer un pago obligatorio de 100.000 dólares como requisito para la obtención del visado H-1B, dirigido a profesionales cualificados que buscan empleo en Estados Unidos. La medida, revelada por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, apunta a frenar los abusos que, según el Gobierno, han distorsionado este programa y reducido las oportunidades para los trabajadores estadounidenses.
El H-1B ha sido utilizado de manera intensiva por gigantes tecnológicos para traer mano de obra extranjera a menor costo, lo que, de acuerdo con la Administración, ha generado una presión negativa sobre los salarios y desplazado a profesionales locales altamente capacitados. Con este nuevo requisito, Trump busca devolver la prioridad al talento estadounidense, asegurando que el acceso a empleos especializados no se vea comprometido por prácticas corporativas que favorecen lo barato sobre lo justo.
Además del cobro, Trump estudia ordenar a la secretaria de Empleo, Lori Chavez-DeRemer, una revisión de los niveles salariales vinculados al programa. El objetivo es impedir que los sueldos de los trabajadores estadounidenses se vean recortados a la baja por la contratación de extranjeros bajo condiciones más flexibles. Con ello, la Casa Blanca subraya su compromiso con la defensa del empleo nacional frente a intereses empresariales que priorizan la reducción de costos por encima de la equidad.
Esta iniciativa se alinea con la visión de Trump de “Estados Unidos primero”, en la que los recursos y oportunidades del país deben beneficiar en primer lugar a sus propios ciudadanos. Lejos de ser una medida antiinmigrante, busca garantizar que quienes lleguen lo hagan bajo condiciones de verdadero valor añadido y sin afectar los salarios de los trabajadores norteamericanos. El mensaje es claro: el acceso a la prosperidad de Estados Unidos debe construirse protegiendo al trabajador local, no debilitándolo.
