Lisbeth Pineros
Estados Unidos y Trinidad y Tobago reafirmaron este martes su compromiso conjunto para impedir que el gas natural producido en la región se convierta en una fuente de financiamiento para el régimen de Nicolás Maduro.
La reunión en Washington entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar dejó en claro que la alianza energética y de seguridad se mantendrá firme frente a los intentos de Caracas de lucrar con sus recursos.
La Administración Trump ya había tomado medidas decisivas en abril, al revocar la licencia que permitiría a la Compañía Nacional de Gas de Trinidad explotar el yacimiento Dragón en aguas venezolanas. Este paso estratégico buscaba cortar otra vía de ingresos a un gobierno acusado de corrupción, narcotráfico y represión. Persad-Bissessar, al asumir el cargo, reconoció la inviabilidad del proyecto y apostó por estrechar relaciones energéticas con naciones vecinas libres de la influencia chavista.
Durante el encuentro, Rubio recalcó que Washington respalda la seguridad energética de Trinidad y Tobago, pero dejó claro que ningún proyecto puede convertirse en oxígeno económico para Maduro. Esta posición refuerza la política de sanciones de la Casa Blanca, diseñadas para limitar las exportaciones de crudo y gas de Venezuela y evitar que el régimen acceda a divisas para perpetuarse en el poder.
El acercamiento entre Trump y la primera ministra trinitense también ocurre en un contexto de creciente presencia militar de EE.UU. en el Caribe sur. Washington justifica este despliegue como parte de la lucha contra el narcotráfico que emana desde Venezuela. La coordinación energética y de seguridad demuestra la voluntad estadounidense de bloquear cualquier beneficio económico al chavismo y proteger la estabilidad regional.
