Lisbeth Pineros
La relación entre Washington y Bogotá atraviesa su momento más tenso en años. El presidente Donald Trump confirmó la suspensión de la ayuda financiera a Colombia, argumentando que el Gobierno de Gustavo Petro ha sido incapaz —o renuente— de frenar el auge del narcotráfico.
Desde que Petro asumió el poder, los cultivos de coca han alcanzado niveles récord, y los vínculos de su administración con exguerrilleros y estructuras criminales han puesto en duda su compromiso con la lucha antidrogas.
Durante una reunión en Bogotá, el encargado de negocios de la embajada estadounidense, John T. McNamara, y Petro mantuvieron una conversación “franca y constructiva”, según la Cancillería colombiana. Sin embargo, la Casa Blanca mantiene su posición firme: no se financiará a un gobierno que fomente la impunidad y tolere la producción masiva de drogas que termina en las calles de Estados Unidos.
Trump ha dejado claro que no descarta imponer aranceles adicionales a los productos colombianos si Petro continúa negando la magnitud del problema y atacando las operaciones estadounidenses en el Caribe. Para el presidente norteamericano, la seguridad nacional y la salud pública de su país están por encima de cualquier diplomacia complaciente.
Mientras Petro intenta mostrarse como víctima de una “campaña de presión”, las cifras son contundentes: en 2023, la producción de cocaína aumentó un 53 % en Colombia, alcanzando 2.600 toneladas. La estrategia de sustitución de cultivos no ha dado resultados, y la cooperación antidrogas se encuentra en su punto más débil en décadas. Trump, por su parte, promete restaurar el orden y combatir el narcoterrorismo sin concesiones.
