Lisbeth Pineros
El Gobierno de Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, impuso duras sanciones financieras contra el mandatario colombiano Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. Las medidas congelan todos sus bienes y propiedades en territorio estadounidense y prohíben cualquier transacción con ellos, al ser señalados de facilitar el crecimiento del narcotráfico en Colombia.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que desde la llegada de Petro al poder, la producción de cocaína ha alcanzado niveles históricos, afectando directamente la seguridad y salud pública en Estados Unidos. Bessent sostuvo que el presidente colombiano ha permitido la expansión de los cárteles bajo el pretexto de su política de “paz total”, que Washington considera un “escudo político” para grupos narcoterroristas.
Estas sanciones se suman a la suspensión de la ayuda financiera estadounidense a Colombia, medida tomada por Trump tras acusar a Petro de ser “un líder del narcotráfico”. La Casa Blanca también confirmó la revocación de la visa del mandatario colombiano, tras sus declaraciones en Nueva York incitando a militares estadounidenses a desobedecer órdenes del presidente.
Para la Administración Trump, la nueva línea de acción es clara: no habrá tolerancia con gobiernos que protejan o financien actividades criminales. La decisión marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y refuerza el compromiso de Washington de combatir el narcoterrorismo sin concesiones, priorizando la seguridad de los ciudadanos estadounidenses frente al aumento del flujo de cocaína desde Sudamérica.
