Lisbeth Pineros
El presidente Donald Trump rechazó duramente un fallo judicial que obliga a su Administración a financiar por completo el programa de asistencia alimentaria SNAP durante el actual cierre del Gobierno federal.
En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Trump calificó la decisión como “un fallo absurdo”, acusando al juez federal de entrometerse en decisiones presupuestarias que corresponden al Ejecutivo y al Congreso. Según el mandatario, la crisis fue provocada por la negativa de los demócratas a aprobar un presupuesto responsable, lo que mantiene paralizadas múltiples agencias federales.
Trump afirmó que su Gobierno está haciendo todo lo posible por mantener operativos los servicios esenciales mientras espera que el Partido Demócrata “reabra el Gobierno”. Subrayó que el fallo judicial desconoce la realidad fiscal impuesta por el cierre, en el que los recursos disponibles son limitados y deben priorizar la seguridad nacional, la defensa y la protección de las fronteras. El mandatario responsabilizó a la oposición de poner en riesgo la estabilidad económica del país por insistir en un gasto público desmedido.
El juez John McConnell, de Rhode Island, había ordenado al Ejecutivo destinar fondos de emergencia para financiar el SNAP, un programa que beneficia a más de 41 millones de personas. Trump, sin embargo, sostuvo que el financiamiento completo no puede garantizarse mientras el Congreso siga bloqueando el presupuesto y mientras los demócratas mantengan el cierre con fines políticos. En sus declaraciones, el presidente reafirmó su postura de que las ayudas solo podrán retomarse plenamente cuando los demócratas cedan y aprueben la reapertura gubernamental.
El prolongado cierre de Gobierno, que ya supera los 37 días —el más largo en la historia del país—, continúa afectando áreas clave como la aviación comercial y de carga. A partir de este viernes, la FAA reducirá progresivamente las operaciones aéreas hasta un 10% si no se alcanza un acuerdo. Desde la perspectiva conservadora, el conflicto demuestra cómo la obstrucción demócrata y la judicialización de decisiones ejecutivas debilitan la autoridad presidencial y ponen en riesgo la gobernabilidad, la seguridad y el bienestar de millones de ciudadanos.
