Lisbeth Pineros
La Administración de Seguridad del Transporte anunció que, desde febrero, los viajeros que no presenten una Real ID o pasaporte en los controles de seguridad deberán pagar una tarifa de 45 dólares. La medida se enmarca en el esfuerzo federal por asegurar documentos verificados. Según la TSA, el cobro será obligatorio para quienes no cumplan con los requisitos establecidos.
El Gobierno busca que el proceso de verificación de identidad no recaiga en los contribuyentes, sino en los propios pasajeros. La agencia explicó que la tarifa cubrirá los costos administrativos asociados. La propuesta inicial era de dieciocho dólares, pero fue reemplazada por el monto anunciado.
La Ley Real ID entró en vigor en mayo, pese a haber sido aprobada en 2005 y pospuesta en varias ocasiones. Hasta su aplicación, los viajeros podían usar identificaciones estatales para vuelos internos. La puesta en marcha generó una demanda acelerada del documento en distintos estados.
Para obtener la Real ID es necesario acudir a una oficina reguladora de vehículos y entregar documentación básica y verificación de estatus legal, según el Departamento de Seguridad Nacional. La TSA señaló que los inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación no tendrán impedimentos para abordar vuelos internacionales. La agencia afirmó que el requisito no afectará esos traslados.
